La búsqueda sobre la ley transparencia salarial se ha convertido en una cuestión prioritaria para los departamentos de Recursos Humanos. Su objetivo es reforzar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y facilitar que las diferencias salariales puedan detectarse, analizarse y corregirse con criterios objetivos.
En España, este principio ya está desarrollado por el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Además, la Directiva (UE) 2023/970 amplía las exigencias de transparencia en el ámbito europeo y refuerza los derechos de las personas trabajadoras y candidatas.
¿Qué implica la transparencia salarial en España?
La transparencia retributiva busca que las empresas puedan explicar cómo determinan los salarios y comprobar que personas que realizan un mismo trabajo o uno de igual valor reciben una retribución equivalente, salvo que exista una razón objetiva que justifique la diferencia.
El Real Decreto 902/2020 sobre igualdad retributiva establece varios instrumentos para hacerlo efectivo: el registro retributivo, la auditoría retributiva, la valoración de puestos de trabajo y el derecho de información de las personas trabajadoras.
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben contar con un registro retributivo de toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este documento debe recoger valores medios y medianas de salarios, complementos y percepciones extrasalariales, desglosados por sexo.
¿Qué cambia con la Directiva europea de transparencia retributiva?
La Directiva (UE) 2023/970 da un paso más. Entre otras medidas, establece que las personas candidatas deben recibir información sobre la retribución inicial o la banda salarial del puesto antes de la contratación. También impide que el empleador pregunte por el historial salarial de quien participa en un proceso de selección.
Además, las empresas deberán poner a disposición de su plantilla los criterios utilizados para fijar la retribución, los niveles salariales y la progresión retributiva. Las personas trabajadoras tendrán, asimismo, derecho a solicitar información sobre su salario individual y sobre los niveles retributivos medios de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor, desglosados por sexo.
Registro salarial y auditoría retributiva: no son lo mismo
Aunque están relacionados, conviene diferenciarlos. El registro salarial es obligatorio para todas las empresas y ofrece una fotografía de las retribuciones. La auditoría retributiva, en cambio, forma parte del Plan de Igualdad y analiza si el sistema salarial de la organización cumple realmente el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Por eso, revisar la política salarial no debería limitarse a recopilar datos. Es necesario valorar puestos de trabajo con criterios objetivos, identificar posibles brechas, estudiar sus causas y establecer medidas correctoras cuando proceda.
Puedes ampliar esta cuestión en nuestra guía sobre el Plan de Igualdad para empresas.
¿Cómo preparar tu empresa para una mayor transparencia salarial?
El primer paso es revisar si el registro retributivo está actualizado y si refleja correctamente los diferentes conceptos salariales. Después, conviene analizar la valoración de puestos, los criterios utilizados para promociones y revisiones salariales y la información facilitada en los procesos de selección.
También es recomendable documentar las decisiones retributivas y formar a los equipos de Recursos Humanos y dirección. Una política salarial transparente no solo ayuda a cumplir la normativa: también mejora la coherencia interna, facilita la detección de desigualdades y refuerza la confianza de la plantilla.
Desde Grupo Clave podemos acompañar a tu empresa en la revisión del registro retributivo, la auditoría salarial, la valoración de puestos de trabajo y el diseño de medidas de igualdad adaptadas a su realidad.
Anticiparse a estas exigencias permite revisar los sistemas retributivos con tiempo, corregir posibles incoherencias y preparar procesos de selección y promoción más transparentes. La clave está en que cada diferencia salarial pueda explicarse mediante criterios objetivos, medibles y ajenos al sexo de la persona trabajadora.


